A los municipios del Andén Pacífico poco o nada les ha servido estar ubicados a orillas del océano y contar con el puerto más importante del país. Sus poblaciones registran altos índices de pobreza y desigualdad y la corrupción es el pan de cada día.
La paradoja de Buenaventura es como el coro de una mala canción: no tiene nada más que decir; se repite una y otra vez, como buen estribillo pegadizo. Se repite fácilmente porque parece explicar toda la historia del puerto y se ha convertido en la mejor manera de definir el lugar. Es que es más fácil repetirla, porque buscarle soluciones sí que implica una tarea de grandes proporciones. Esa paradoja que pronuncian una y otra vez los gobernantes –nacionales, regionales y locales-, las instituciones, las empresas, los inversionistas, las organizaciones de ayuda humanitaria, los académicos es la que reza que el principal puerto de comercio exterior, donde se mueven miles de millones de dólares cada día, también es uno de los lugares de Colombia donde la pobreza y la desigualdad tienen habitación en casi todas las casas del distrito; donde la corrupción es un funcionario frecuente del gobierno de turno y donde las bandas criminales, los narcotraficantes y los grupos armados ilegales se reparten y transan el territorio como si se tratara de una partida de Monopoly.
Pero la rareza de Buenaventura no es solo de Buenaventura. En el Andén Pacífico colombiano la realidad canta el mismo estribillo en casi todos sus municipios. La única diferencia es que en esos otros territorios no hay puerto; pero sí hay recursos naturales; hay oro; hay biodiversidad; incluso hay coca. Poco o nada les ha servido a estos municipios estar a orillas del océano; ese océano del que Colombia saca pecho cada vez que se escucha que es el único país de Suramérica bañado por el Pacífico y por el Atlántico; les ha servido poco porque la pobreza y el atraso no dan tregua.
De acuerdo con La persistencia de la pobreza en el Pacífico colombiano y sus factores asociados, documento que hace parte de la serie Trabajo Sobre Economía Regional del Banco de la República y publicado en 2016, la incidencia de la pobreza –entendida como el porcentaje de personas que son clasificadas como pobres, es decir, cuyo ingreso per cápita de la unidad de gasto se encuentra por debajo de la línea de pobreza, que para 2015 fue de $223.638 pesos- en el Cauca era de 51.6%; en Nariño, 40%, y en Valle del Cauca, 21.5%. Así mismo, la incidencia de la pobreza extrema -porcentaje de personas clasificadas como pobres extremos, es decir, cuyo ingreso per cápita de la unidad de gasto se encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema, que para 2014 fue de $102.109 pesos- en el Cauca era de 24%; en Nariño, 10.6%, y en Valle del Cauca, 5.2%. Y el ingreso per cápita de un hogar en Nariño representa solo el 61% de un hogar del promedio nacional y en Cauca, el 49%. Valle del Cauca es el único que presenta un indicador superior al agregado nacional (107%), pero no precisamente explicado por el ingreso de los hogares en Buenaventura.
Mauricio* es uno de los habitantes de este distrito portuario que sabe que esos indicadores no son solo estadísticas, sino que son la evidencia de su diaria realidad. “Esta ciudad está olvidada por el Estado. Nosotros tenemos un atraso de unos 20 o 30 años, en comparación con otras ciudades que son incluso más pequeñas y tienen todos los servicios básicos. Tienen salud; tienen todo, y nosotros aquí no tenemos nada”. Mauricio no tiene empleo estable; vive del rebusque; un rebusque que cada día es más difícil y que, al igual que la búsqueda de empleo formal, está atravesado por prejuicios y por la escasez de oportunidades. “Aquí hay muchas empresas, pero siempre contratan personas de afuera. A las personas de aquí no nos dan la oportunidad de entrar, todo porque ellos creen que somos perezosos, que somos masones, que no nos gusta trabajar y que nos la pasamos todo el día jugando dominó”.
Álvaro*, quien llegó al puerto proveniente de su natal Tumaco, donde no consiguió empleo en una búsqueda que duró más de un año, confirma las palabras de Miguel. “Aquí hay muchas personas estudiadas que están manejando taxis, limpiando baños cuando tienen la capacidad de tener un puesto más alto. Cuando hicieron el muelle de Aguadulce, para la obra negra, la obra de construcción, sí contrataron a gente de la región, pero para el trabajo de oficina, cuando ya comenzó a operar, trajeron gente de Cartagena y Santa Marta. Nosotros limpiamos y los profesionales de afuera tienen un escritorio, con el cuento de que nosotros somos perezosos”.
De acuerdo con el estudio Colombia Rural Posconflicto, el 61% de los hombres de la región Andén Pacífico está empleado, mientras que menos del 40% de mujeres cuenta con un empleo estable. Además, para sus habitantes el principal problema de la macrorregión es el desempleo (15%) y el tercero más grave que afronta el país (13%), después de la violencia y el conflicto armado.
Para muchos de sus ciudadanos gran parte de la explicación al atraso, la pobreza y el desempleo se halla en los escándalos de corrupción. Y no solo es una cuestión de percepción. Esa que muestra que, en 2017 -según el mismo estudio- el 9.2% de los habitantes en la región creía que la corrupción era el principal problema del país, cuando en 2015, esa cifra no superaba el 2.4%; o que el 75% de las personas que vive en la región crea que los políticos son corruptos y que el 67% piense lo mismo sobre los funcionarios. Se trata de que la realidad confirma esas percepciones. Solo para mencionar algunos casos, en marzo de 2018 la Procuraduría suspendió por tres meses al alcalde de Tumaco, por hechos de corrupción; en ese mismo municipio, en 2017, el Gobierno Nacional suspendió los giros de regalías por irregularidades en su manejo y por el incumplimiento en la ejecución de esos recursos. En el mismo marzo de 2018, en Buenaventura, el alcalde, tres secretarios, dos asesores y cinco contratistas fueron capturados por apropiarse de más de 5.000 millones de pesos destinados a mejorar el hospital del puerto. Además, en los últimos 10 años cuatro alcaldes de Buenaventura han sido investigados y/o condenados por escándalos de corrupción. Y si se mira en otros municipios del Andén Pacífico menos resonantes en los medios de comunicación nacional, se encuentra, por ejemplo, el célebre caso de corrupción que lleva más de una década enriqueciendo a políticos locales y hombres de poder que han desviado dineros de proyectos de interconexión eléctrica en el Pacífico colombiano, y en el que resalta la apropiación de dineros públicos a través de empresas como Energuapi, en Guapi, que se ha convertido en la cuenta bancaria personal de varios políticos y que hoy deja semanas enteras sin el servicio a los habitantes del municipio.
Milena* que a sus 27 años ha sido testigo de todos los escándalos de corrupción en su natal Timbiquí, cree que la dinámica responde al adagio popular de "pueblo chico; infierno grande". “Donde más roban es en los pueblos. Esos pueblos tienen déficit en educación y en salud. En ciudades como Cali, Bogotá, Manizales, se escuchan robos, pero no es como aquí en los pueblos; el problema es más local”.
Elena* no está de acuerdo. Ella que conoce a varios funcionarios de la actual administración de Buenaventura y que ha vivido los 40 años que tiene en el puerto dice que la corrupción “es una cadena. Eso allá en Bogotá y aquí roban al mismo ritmo. Lo que pasa es que la gente se olvida muy rápido de que nos están robando. Hoy agarran a un corrupto, se disculpa con la ciudad y la gente se olvida, pero él ya se robó la plata. La sociedad portuaria, por ejemplo, le entrega anualmente los recursos a la administración, pero como llegan directamente al alcalde de turno, ahí se pierde el rastro y no se sabe qué pasa con esa plata. Los gobiernos locales se inventan estudiantes fantasmas para recibir más recursos. Pero de todos esos malos manejos nosotros nos olvidamos pronto”. Una paradoja tras otra.
*Nombres cambiados por seguridad.