Número de habitantes en la cabecera municipal: 4.661
Número de habitantes en zonas rurales: 13.075
Principal actividad económica: agropecuaria
Municipio: Corinto
Número total de habitantes: 33.107
Número de habitantes en la cabecera municipal: 13.263
Número de habitantes en zonas rurales: 19.844
Principal actividad económica: agropecuaria
Municipio: Miranda
Número total de habitantes: 41.925
Número de habitantes en la cabecera municipal: 30.598
Número de habitantes en zonas rurales: 11.327
Principal actividad económica: agricultura (caña de azúcar)
Municipio: Santander de Quilichao
Número total de habitantes: 97.965
Número de habitantes en la cabecera municipal: 57.056
Número de habitantes en zonas rurales: 40.909
Principal actividad económica: agropecuaria
Municipio: Chaparral
Número total de habitantes: 47.344
Número de habitantes en la cabecera municipal: 26.882
Número de habitantes en zonas rurales: 20.462
Principal actividad económica: agricultura (café)
Municipio: Planadas
Número total de habitantes: 30.066
Número de habitantes en la cabecera municipal: 7.707
Número de habitantes en zonas rurales: 22.359
Principal actividad económica: agricultura (café)
Municipio: Rioblanco
Número total de habitantes: 24.244
Número de habitantes en la cabecera municipal: 4.700
Número de habitantes en zonas rurales: 19.544
Principal actividad económica: agropecuario y comercio y servicios
Municipio: Florida
Número total de habitantes: 58.775
Número de habitantes en la cabecera municipal: 43.503
Número de habitantes en zonas rurales: 15.272
Principal actividad económica: agroindustria (azúcar)
Municipio: Pradera
Número total de habitantes: 57.257
Número de habitantes en la cabecera municipal: 50.035
Número de habitantes en zonas rurales: 7.222
Principal actividad económica: agropecuaria
1975
Al ser un corredor de movilidad entre diferentes zonas del país se convierte en atractivo para los grupos armados y para el desarrollo de actividades ilícitas.
1980
Se da un importante crecimiento del narcotráfico, bajo protección de grupos guerrilleros y estructuras paramilitares.
Ante el incremento de las acciones armadas en la región, el norte del Cauca es el escenario de una gran movilización indígena.
1984
Esta movilización lleva a la toma de las armas con una guerrilla indígena: Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL).
1990
Las FARC y los paramilitares se enfrentan durante toda la década por el control de las zonas montañosas del Tolima y del negocio del narcotráfico.
La guerra entre estos grupos deja como resultado la expulsión de los paramilitares del sur de ese departamento, así como el desplazamiento de miles de pobladores.
Una vez se desmoviliza el MAQL, su participación electoral se da a través de los partidos Alianza Social Independiente (ASI) y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
1995
Los pobladores desplazados no retornan a sus hogares por miedo a ser acusados de colaboradores de los paramilitares, por parte de la guerrilla, que hacía estos señalamientos como parte de su estrategia de control.
1999
Los Bloques Calima y Farallones de los paramilitares emprenden una ofensiva para retomar el control de la zona, que se extiende hasta el año 2000.
Estas acciones armadas dejan como resultado numerosas masacres de civiles y el repliegue de las FARC en las zonas montañosas.
2000
El movimiento indígena del Cauca se convierte en blanco de la ofensiva paramilitar –por sus actividades de movilización social- y de la ofensiva guerrillera, que los veía como parte del establecimiento y rechazaba su resistencia civil.
Como resultado de la disputa con las FARC, los paramilitares se refugian en las montañas de los municipios de Chaparral y Rioblanco (Tolima).
El frente 21 de las FARC suple la debilidad de las instituciones y cumple, por años, el papel de regulador en temas como infidelidades, consumo de drogas, delincuencia e ingreso a la zona. Llega a conocérsele como el “juzgado 21”.
El asedio paramilitar y de las FARC por el control del territorio deja en las siguientes dos décadas asesinatos selectivos, desplazamientos forzados de civiles y el juzgamiento ilegal de pobladores como auxiliadores de uno u otro bando.
2017
La salida de las FARC de la zona y, especialmente, del “juzgado 21” ha permitido la reducción de los combates y atentados terroristas, pero se ha incrementado la actividad de la delincuencia común en el sur del Tolima.
Al no existir ya la amenaza de las FARC, varias unidades de la Fuerza Pública fueron trasladados de la zona, lo que ha hecho que se creen guardias campesinas no armadas para suplir al ejército y la policía.
La desmovilización de las FARC ha permitido la reactivación de la vida comunitaria sin temores a represalias. Así, las organizaciones civiles están apoyando los procesos de justicia transicional, los proyectos productivos y la comunicación con el gobierno nacional.
de los hogares de la región gana menos de un salario mínimo.
0%
de los encuestados afirma haber sido víctima del conflicto.
1
Principales problemas 2017
País:
Conflicto
0%
Economía
0%
Seguridad
0%
Corrupción
0%
Proceso de paz
0%
Servicios
0%
Barrio / vereda:
Estado de vías, carreteras y autopistas
0%
Consumo de drogas / drogadicción
0%
Delincuencia / crimen
0%
Falta de seguridad
0%
2
Capacidad estatal y percepciones sobre el Estado
18% de los encuestados afirma que la Policía hace presencia permanente en el barrio.
39% está satisfecho con el servicio de acueducto y alcantarillado.
32% de los habitantes en la Cordillera Central está satisfecho con los servicios médicos.
Percepciones en torno a la corrupción
En la región se piensa que la corrupción está generalizada entre los políticos y los funcionarios públicos.
Políticos
0%
Funcionarios públicos
0%
0%
de los encuestados son víctimas de la corrupción.
%
de los encuestados en Cordillera Central justifica el pago de un soborno.
3
Actitudes democráticas y confianza institucional
En Cordillera Central apenas un 30% de los encuestados tiene alta tolerancia política.
Solo el 30% está satisfecho con la democracia. Porcentaje de hombres 35% y mujeres 24% satisfechos con la democracia.
Confianza en instituciones
Mayor confianza (% más altos) a menor confianza (% más bajos)
Iglesia católica
0%
Juntas de Acción Comunal
0%
Iglesias cristinas evangélicas
0%
Defensoría del pueblo
0%
Alcaldía
0%
Policía
0%
Sistema de Justicia
0%
Presidente
0%
Congreso
0%
Partidos políticos
0%
Solo el 33% cree que la gestión del Presidente ha sido buena.
0 de cada 10 habitantes confía poco o nada en que la justicia castigue al culpable de un robo.
4
Participación cívica
A pesar de la baja confianza en los partidos políticos y bajo apoyo a la democracia, los encuestados de esta región reportaron una alta participación en las últimas elecciones locales 70%.
Mayor participación (% más altos) a menor participación (% más bajos)
Juntas de Acción Comunal-JAC
0%
Organizaciones religiosas
0%
Comité de mejoras
0%
Asociaciones de padres de familia
0%
Protestas
0%
Miguel García, Co-director Observatorio de la Democracia
0 de cada 10 habitantes participan en organizaciones ambientales o de Paz.
5
Acuerdo de Paz
Menos de la mitad de los encuestados (hombres y mujeres) apoya el Acuerdo de Paz con las FARC 45%. Este porcentaje es aún menor en el caso de las mujeres 38%.
Aunque hay bajo apoyo al Acuerdo y baja confianza en las FARC, 0 de cada 10 habitantes de la región ven posible el perdón y la reconciliación entre excombatientes de las FARC y ciudadanos.
Opinión sobre acuerdos de La Habana, entre el Gobierno y las FARC
Juan Carlos Rodríguez, Co-director Observatorio de la Democracia
El 63% está de acuerdo con la reintegración de excombatientes desmovilizados de las FARC. Solo el 29% de los entrevistados confía en que las FARC cumplirán con lo pactado.
El 76% de los encuestados apoya la reforma agraria del Acuerdo y el 73% apoya la creación de zonas de reserva campesina.
El 90% de los encuestados considera que la acción que más contribuiría a la reconciliación es que el Estado repare a las comunidades víctimas del conflicto.