Fortalecer la democracia y la institucionalidad, así como reactivar la participación ciudadana son la clave para consolidar el sistema político y la confianza de los habitantes de la región Cordillera Central.
La primera vez que Ezequiel* vendió su voto concretó el negocio gracias a un amigo del trabajo. Se lo vendió a un concejal, que se lo compró a través del presidente de una Junta de Acción Comunal, de un barrio de Planadas, al que nunca había ido y al que, desde entonces, no ha vuelto. En esa primera ocasión le dieron 20.000 pesos y un galón de gasolina para su moto. Con el paso de los años, su voto, como si se tratara de mercancía con alta demanda en el mercado, se ha ido valorizando y la última vez que lo vendió, recibió 90.000 pesos, un refrigerio y otro galón de gasolina. Es que los tamales y la lechona, contrario a lo que se cree, hace rato dejaron de ser la moneda de pago por marcar un tarjetón electoral.
Las motivaciones de Ezequiel no parecen requerir de mucho análisis, según las explica él mismo: “la plata; por marcar una x en un papel me gano 90.000 pesos. Es plata fácil”. Lo que habría entonces que analizar es su desinterés por ejercer su derecho a elegir a quienes lo van a gobernar o a quienes van a legislar.
El estudio Colombia Rural Posconflicto 2017 tiene algunas respuestas. En la Cordillera Central solo el 38.3% de los habitantes está de acuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno; un porcentaje bastante menor al registrado en la misma región en 2015 (50.2%). Además, solo 3 de cada 10 ciudadanos están satisfechos con la democracia.
“Democracia significa elegir a conciencia y estar informados, pero la gente no sabe hacerlo y el gobierno se aprovecha de esto. Además, el que paga para llegar, tienen que dedicarse a recuperar lo que ha invertido. Llega endeudado y se pone es a pagar eso y no hace nada. La democracia en Colombia no es el ideal que nosotros tenemos en la cabeza. El gobierno se aprovecha de la ignorancia de muchas personas y así consiguen votos por pesos”, dice Stella*, quien antes de entender la importancia del sufragio, se lo vendió, en una ocasión, al que luego se convertiría en alcalde de su municipio, Corinto, aunque cuando estaba en el puesto de votación, marcó al candidato de su preferencia.
La caída de la confianza en las instituciones también ha contribuido a ese desencanto con el sistema político democrático. Según el mismo estudio, la confianza en los partidos políticos, por ejemplo, no llega ni al 13%; en el Congreso, no es más de 18.6% y en la Alcaldía es solo de 33.6%. Como en otras regiones de la Colombia Rural Posconflicto, es la Iglesia Católica la que acapara la mayor confianza de los ciudadanos en esa región: 60.6%.
“Y cómo espera usted que nosotros confiemos en estas instituciones si este departamento (Cauca) está abandonado por el Estado y nadie quiere invertir acá porque no es una gran ciudad. Y si hablamos del gobierno local o de la gobernación, aquí uno solo encuentra respuestas y soluciones si es amigo de algún funcionario o si tiene contacto con el Alcalde”, dice Fabio, quien está dedicado a la agricultura en la zona rural de Corinto.
Los funcionarios de los gobiernos locales también consideran que la salida de un actor armado tradicional de la región, como lo eran las FARC, ha evidenciado que el ejercicio de la democracia era muy débil, y el hecho de que ahora la dinámica cambie, hace que los ciudadanos tengan que aprender y adaptarse a una nueva realidad. Según un funcionario de la Alcaldía de Planadas, “Las FARC ejercían su propio modelo de justicia social y es un reto para la comunidad adaptarse a la legalidad; ya no ir donde el comandante, sino que tienen que ir a las autoridades locales. Como aquí es más la ausencia que la presencia del Estado, la gente no está acostumbrada ni a cumplir las reglas ni a ejercer sus derechos, y menos a hacer ejercicio de control y de veeduría. Por eso, para la región es muy importante la participación desde las organizaciones civiles”.
La principal institución a través de la que se da esa participación ciudadana, según el Estudio Colombia Rural Posconflicto, es la Junta de Acción Comunal –JAC- (63.6%), que además registra una confianza de 58%. Por eso, fortalecerlas también es una prioridad.
“En algunos barrios funcionan bien y ayudan a la comunidad. En otros, cuando entran los recursos, se van a los bolsillos de los presidentes de las –JAC- y de sus amigos. Aunque también hay que decir que a los vecinos les falta involucrarse más; cuando lo hacemos, conseguimos no solo recursos, sino políticas públicas”, dice Nelson* quien ha entrado y salido varias veces de la JAC de su barrio, en Pradera.
La seguridad de la comunidad y la confianza en las autoridades también son tareas necesarias para fortalecer la institucionalidad en Cordillera Central. De acuerdo con un funcionario de la Alcaldía de Santander de Quilichao, “aquí tenemos poca Policía y no se cree en ellos, porque antes quien garantizaba la seguridad eran las FARC y lo hacían bajo la coerción. Hoy la Policía, para muchos, es “blandita”, deja que los delincuentes hagan lo que quieran y algunos otros están involucrados en las mismas actividades ilegales que deben perseguir. Nosotros estamos trabajando para cambiar esa imagen; para humanizar más a la Fuerza Pública y para convertirlos en amigos de los ciudadanos, pero el camino es largo y la paciencia, limitada”.
*Nombres cambiados por seguridad.