Como en las otras regiones de la Colombia Rural Posconflicto la deficiente calidad de la educación, del sistema de salud y de la infraestructura vial y de transporte requiere soluciones inmediatas.
Menos de la mitad (48.8%) de los habitantes de la región Cordillera Central están satisfechos con la calidad de las escuelas públicas. Este, según el estudio de la Colombia Rural Posconflicto 2017, es uno de los indicadores que más cayó con respecto a 2015, cuando se ubicó en 68.2%. El porqué del drástico descenso no encierra mayor misterio de acuerdo con quienes viven en esta zona del país. “Mis hijos tienen que caminar una hora de ida y otra de regreso, cada día, para ir al colegio, y luego para regresar a su casa. Cuando llegan al colegio, hay supuestamente tres grados diferentes, pero todos están el mismo salón”, dice Amalia*, habitante de una vereda de Santander de Quilichao.
Quienes están tomando algún curso de formación técnica dicen no correr con mejor suerte. Juanita* y Adriana* deben viajar desde Caloto, la primera, y desde Corinto, la segunda, para llegar a la sede del Sena de Santander de Quilichao, porque en sus municipios esta institución no funciona. “Y nos toca estudiar lo que haya, porque no hay mucho de dónde escoger: para poder hacerlo hay que irse a Cali y la mayoría de nosotros no contamos con los recursos para costearnos ni los transportes, ni los estudios y mucho menos la estadía en esa ciudad”.
Los instructores del Sena coinciden en algunos de estos reparos y confirman que muchos de los estudiantes se inscriben a los cursos porque son gratis, “no porque les guste, sino porque no tienen nada que hacer. Y deberían aprovechar esta oportunidad para formarse como líderes de sus comunidades, pero la mayoría se desmotiva rápidamente porque consiguen empleos de baja calidad o porque la estabilidad laboral que les ofrecen es mínima y puede que no duren allí más de tres meses”. Agregan que es necesaria la integración del Sena con otras entidades e instituciones públicas, así como con el sector privado. “Nosotros aquí podemos capacitar a un joven en hacer sandalias, pero si él no sabe de mercadeo, de emprendimiento, de contabilidad y, si no hay un mercado que demande ese producto, la formación es inútil, porque ni ayuda a la autonomía económica de este joven ni se beneficia la economía del municipio o del departamento. Lo que se genera es más desempleo”.
Dos problemas más que afectan a las instituciones educativas de Cordillera Central son el de la deficiencia en infraestructura y la inexistencia de programas de formación superior profesional. Sobre el primero, muchos padres están cansados de que sus hijos reciban clases, todos los días, hacinados. “Los niños están todos metidos en un salón. Donde caben 20, meten 50. La excusa es que las paredes se están cayendo; que los techos en cualquier momento se desploman. Y si a eso le suman cada vez que los profesores se van a la huelga, pues los niños no aprenden nada, pierden tiempo y se atrasan en comparación con los que están en un colegio privado”, dice Hernán*, sobre lo que ocurre en la escuela de su vereda, en el municipio de Rioblanco.
Manuel*, por su parte, está preocupado porque no es posible que la única alternativa para cursar estudios universitarios sea ir a Popayán o a Cali o, si le llega un golpe de suerte, emprender el viaje hasta Bogotá. “En Corinto no existe ninguna oferta de educación superior. Aquí todo se acaba cuando uno se gradúa del bachillerato. Se queda sin opciones. Si usted no tiene plata para irse a las ciudades, para pagar techo, comida y un semestre en una universidad, pues está fregado, porque en estos pueblos no hay mucho que hacer. O se puede dedicar a recorrer el pueblo, calle arriba, calle abajo o, en el peor de los casos, se va a raspar hoja de coca y lo que venga después”.
El sistema de salud también les genera dolores de cabeza constantes a los habitantes de la región Cordillera Central. Solo el 32% de sus habitantes está satisfecho con este servicio, según el estudio Colombia Rural Posconflicto.
“Estamos jodidos con la salud. No hay especialistas; hay pocos médicos generales; los servicios en los hospitales son malos. Para que a uno lo atiendan hay que pasarle plata al empleado de turno. Y si está muy enfermo, le toca viajar a Cali, porque aquí se muere antes de tiempo”, explica Joaquín*, dueño de una finca a las afueras de Pradera.
Hugo* asegura que, en su municipio (Caloto), ocurre los mismo, pero asume parte de la responsabilidad. “Nosotros también tenemos la culpa. Nos quejamos de la corrupción, de que se roban la plata y de que no ponen ni un ladrillo. Pero, ¿Quiénes los subieron al poder? Nosotros mismos, que les vendemos nuestro voto y solo pensamos en la inmediatez de la plata que nos dan por eso, para luego pasar cuatro años quejándonos del déficit en educación, en salud, en todo. Pero eso sí, en la siguiente votación, volvemos a negociar”.
Por cuenta del mal estado de las vías, los habitantes de la región dicen estar también aislados. Solo el 26.8% de ellos está satisfecho con la infraestructura vial y de transporte. “Aquí seguimos en tiempo de la Colonia. Los caminos de herradura con los que contamos son los que salen cada rato en los noticieros, cuando un bus escalera se va al abismo. Y en cada elección viene un político a prometer pavimentación, ampliación de la carretera, pero lo eligen y por acá no se vuelve a aparecer”, analiza Ferney*, habitante de Miranda.
Para otros ciudadanos, como Lucía*, quien vive en Rioblanco hace más de 30 años, es evidente que detrás de todos estos males está la corrupción. “Se roban los recursos que llegan al municipio. Esto hace que no haya desarrollo y, así, no mejoran ni los servicios públicos, ni las oportunidades laborales ni educativas para los jóvenes, a quienes no les queda otro camino que la delincuencia. Aquí la inversión social es completamente antisocial, porque quienes se roban la plata pública están en contra del desarrollo de estos pueblos. Ellos solo agarran su botín y se olvidan del resto. Si uno no está con un político, no está nada”.
*Nombres cambiados por seguridad.