A los municipios del Andén Pacífico, el conflicto armado les ha dejado no solo muerte, desplazamiento, inseguridad y miedo; también los ha castigado con atraso, abandono estatal, pobreza, aislamiento e insuficiencia de servicios públicos.
Si no fuera porque en El Charco parece darse la suma de todos los males, del municipio nariñense poco o nada se sabría. Para llegar allí, la única vía de comunicación es el agua, generalmente desde Tumaco o desde Buenaventura. El viaje puede tardar dos o tres horas, si las condiciones climáticas son buenas; cuatro o cinco horas, si la marea está baja, y hasta 12 si se va en barco desde Buenaventura. Esta última es la ruta más transitada porque desde allí es donde se surte de mercancías y víveres la población.
El hecho de que el río o el mar sean su única conexión con el resto del país parece explicar en gran parte la realidad de El Charco. La única presencia estatal que conocen los pobladores, y que no es permanente, es la de la fuerza pública. Al ser un enclave estratégico para el narcotráfico, toda vez que conecta a municipios del Cauca, donde los cultivos de coca ocupan miles de hectáreas, como Argelia, con las principales rutas de salida droga por el Pacífico –según el Ejército, El Charco tiene 70 salidas directas a ese océano-, los carteles de la droga y los grupos armados ilegales son quienes han tenido el control del territorio por décadas. Por eso y de acuerdo con los habitantes, si bien es cierto que cuando desde Bogotá se ordenan operaciones militares, al municipio pueden llegar hasta 5.000 uniformados y eso puede dar la sensación de que hay más seguridad, pero lo cierto es que su estadía es transitoria; genera más inseguridad –debido a los combates- y su presencia no significa nada más que un control del territorio temporal.
Los desplazamientos forzados de los pobladores desde las veredas hacia el casco urbano son pan de todos los días. Allí llegan a seguir sumándose a las filas de desempleados, de pobres, de sin techo, sin educación, sin salud que ya hacen parte del paisaje del municipio, pues llevan formándose desde hace décadas sin que las soluciones lleguen desde los gobiernos nacionales y regionales.
La realidad de El Charco, como lo es todo en el Pacífico colombiano, no es la excepción sino la regla. Los municipios del Andén Pacífico que fueron seleccionados para el estudio Colombia Rural Posconflicto –El Charco y Tumaco, en Nariño; Gaupi, López y Timbiquí, en Cauca, y Buenaventura, en Valle del Cauca- así lo confirman. De acuerdo con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que entrega el DANE, a excepción de Buenaventura (35.85%), más del 40% de los habitantes de estas poblaciones tienen necesidades, como vivienda digna, servicios públicos, independencia económica, escolaridad, entre otras, insatisfechas. En López el NBI es de 44.81%; en Tumaco, de 48.7%; en Timbiquí, de 73.19%; en El Charco, de 81%, y en Guapi, de 87.42%.
“En la mayoría de los pueblos el agua llega día de por medio; si llega. Y solo llega tres horas; de dos a cinco de la tarde, así que a veces no se alcanza a recoger nada, por lo que toca coger agua lluvia”, dice Merly*, habitante del centro de Buenaventura, quien en sus casi 50 años de vida no ha experimentado eso de abrir el grifo, cualquier día, a cualquier hora y ver el agua correr. Sin embargo, al escuchar la historia de Iván*, recién llegado de Guapi al puerto y quien no pasa de los 30 años de edad, le parece que su rutina no es tan desalentadora. Iván asegura que en su pueblo natal “no hay agua potable. Hay sectores donde cada 15 días llega el agua; en algunos otros, es cada mes. La gente vive es recogiendo el agua de los aguaceros y con eso cocina”.
Merly e Iván resumen con sus palabras la poca satisfacción con los servicios públicos que tienen los habitantes de los municipios del Andén Pacífico. De acuerdo con el estudio Colombia Rural Posconflicto, después de la economía, el principal problema de su vereda para estos colombianos son los servicios básicos (18.7%) y las vías y el transporte son el cuarto problema (4.8%), después de la seguridad.
Pero si esos porcentajes no evidencian de manera significativa las preocupaciones y los problemas diarios de estas poblaciones, tal vez que menos de 4 de cada 10 habitantes de esta macrorregión estén satisfechos con la calidad de las escuelas públicas y que, ese indicador haya caído en solo dos años 25 puntos porcentuales, digan mucho más. O que menos del 15% esté satisfecho con los servicios de agua y alcantarillado; que menos del 17% lo esté con los servicios de salud pública y que menos de 3 de cada 10 habitantes lo estén con la infraestructura vial, pueden confirmar el indicador NBI de estos municipios.
Y cómo no sentirse frustrados con la educación pública si a madres como Sara*, les toca ver a sus hijos estudiar en condiciones ridículas. “Los niños tienen que recibir las clases en el piso porque no hay sillas y salones suficientes para sentarlos. Si no es así, les toca pico y placa: hoy sí; mañana no. O si van los de bachillerato no puede ir los de primaria”.
Pero los niños no son los únicos afectados. Los que están buscando oportunidades en educación superior tampoco la tienen fácil. Álex llegó desde Guapi para estudiar en el Sena de Buenaventura. “En este momento no nos están dando la calidad de educación adecuada que necesitamos para conseguir un empleo. Uno va a una entrevista y de inmediato se da cuenta de que gente que ha cursado el mismo programa en otra institución tiene mejor formación y esos son los elegidos para los empleos. Además, hacen falta más docentes. Hay muchos que tienen la capacidad, pero no los contratan”.
Sobre los servicios de salud, las opiniones también evidencian una problemática. Si bien es cierto que el Sistema General de Seguridad Social en Salud reporta que en el Pacífico colombiano el 90% de los habitantes se encuentran afiliados a la cobertura de servicios de salud, lo cierto es que afiliación no significa atención de calidad. “Aquí en Buenaventura la única clínica que funciona en el momento es la Santa Sofía que está colapsada porque todos van allá para que los atiendan. Aquí, en cualquier hospital a usted no lo atienden sino se está muriendo. Para cualquier cosa grave hay que ser trasladado a Cali, y muchos no alcanzan a llegar, pero los que llegan notan que la atención es completamente diferente”, sentencia Wilson*, quien hasta hace unos meses trabajaba como enfermero en una clínica del puerto.
Este panorama desalentador de servicios públicos y calidad de vida en el Andén Pacífico es el principal argumento de sus habitantes para que las soluciones no sean unilaterales, sino integrales y estructurales. “Es bueno que el Ejército esté, pero no es la única noticia que queremos que nos manden desde Bogotá. Sí queremos seguridad, pero también queremos empleo, transporte, educación. Queremos vivir en paz y para vivir en paz, necesitamos seguridad, pero también bienestar”, concluye Merly.
*Nombres cambiados por seguridad.