Los habitantes de Andén Pacífico parecen estar desencantados con la democracia. Confían poco en los gobiernos regionales y locales, y mucho menos en los partidos políticos. En el tema de seguridad, sus percepciones tampoco son alentadoras.
“Y democráticamente votan por el que les dicen, por el que les compra el voto. Para mí la democracia es muy poquita; aquí no leemos; no miramos”. Fredy* dice haber ido a las urnas cada vez que ha habido jornada electoral en los últimos ocho años, que son los que cuenta como mayor de edad. Ha votado por presidente, por alcalde, por gobernador, por diputados, por congresistas, por el plebiscito por la paz, por la Consulta Anticorrupción. Es un votante constante y esa disciplina le ha permitido ver cómo en su natal Timbiquí se mueven las elecciones; cómo se vive la democracia, que para él es más un símil de un mercado, en el que se compran y venden votos, que un ejercicio ciudadano libre y responsable.
Fredy también habla de ese ‘coco’ que aparece en cada votación nacional, regional o municipal en Colombia: la abstención. Dice que quisiera ver a más personas en cada puesto de votación marcando un tarjetón y “sentando su voz de aprobación o de descalificación”, pero también entiende que el abandono estatal, la corrupción y lo poco o nada que reciben sus vecinos cuando eligen a uno u otro candidato, explica de buena manera por qué ese escepticismo y desconfianza para seguir ejerciendo el voto.
Es cierto. Los habitantes del Andén Pacífico hace rato dejaron, en su gran mayoría, de poner su fe en las urnas. Es cierto también que no es solo un mal que aqueja a esos municipios, sino que en general Colombia es un país de abstencionistas. Sin embargo, las cifras son superiores en la mayoría de estos municipios, con respecto al promedio nacional. De acuerdo con los datos de la Registraduría Nacional, en la segunda vuelta de la más reciente elección presidencial, en Timbiquí votó 47.2% de los ciudadanos habilitados para hacerlo; en Guapi, 40%; en López de Micay, 33.5%; en Buenaventura, 40%; en Tumaco, 39.7%; en El Charco, 38%; todos muy por debajo de la votación nacional: 53%.
La Consulta Anticorrupción que se llevó a cabo a finales de agosto de 2018 parecía que podía motivar a más ciudadanos a que elevaran su voz de protesta en las urnas contra quienes históricamente han desfalcado al país, sobre todo, en poblaciones como estas que cuentan entre sus males mayores con la corrupción. Contrariamente, la participación fue mucho menor que en la disputa Duque-Petro. En Guapi solo votó 15% de los habilitados para hacerlo; en López de Micay, 14%; en Timbiquí, 25.8%; en Buenaventura, 23%; en El Charco, 12.7%, y en Tumaco, 20.19%. La votación nacional fue de 32%.
Para esta apatía electoral las percepciones y las opiniones de los ciudadanos tienen buena parte de las explicaciones. El estudio Colombia Rural Posconflicto evidencia que menos de la mitad de los habitantes de la macrorregión Andén Pacífico están de acuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno. Un indicador que cayó casi 13 puntos porcentuales con respecto a 2015.
“La democracia es igualdad de oportunidades, de decisión, de libertades, pero aquí es un sistema injusto porque solo beneficia a los que están cerca de los políticos. La gente se motiva a votar solo cuando recibe dinero a cambio. Nosotros debemos mirar más allá; qué es lo que la gente nos quiere vender. Cuando usted se da cuenta de la verdad, nadie lo engaña. Pero para eso nos falta educación”, explica Andrea*, una comerciante de Tumaco que está convencida de que los colombianos ni siquiera eligiendo malos gobernantes entienden el poder que hay en cada voto ciudadano y por eso venderlo parece la mejor opción para sacarle réditos.
Pero el desencanto no es solo con la democracia. Los partidos políticos tampoco reciben buena calificación de los habitantes del Andén Pacífico. El estudio Colombia Rural Posconflicto muestra que solo dos de cada 10 ciudadanos de la región confían en estas instituciones. Asimismo, en el Congreso confían menos de 3 de cada 10 habitantes; en las Alcaldías, dos de cada 10 y en el presidente y en las gobernaciones, 4 de cada 10.
Para Leidy*, ama de casa, madre de dos niños y quien vive en Buenaventura desde hace más de 10 años, “hay más confianza en el Gobierno Nacional, porque el gobierno de acá y el departamental no invierten en la comunidad. Los dirigentes que tenemos no piensan en la población, sino que la plata que reciben de las empresas y de la sociedad portuaria, así como la que mandan desde Bogotá, la cogen para su beneficio propio. Alcalde que suba al poder y no robe, no es alcalde”.
Hay otras instituciones en las que la confianza parece estar mejor soportada entre los habitantes del Andén Pacífico. La Iglesia Católica, que en muchas regiones del país ha hecho el papel de Estado en donde esté se ha caracterizado por su mínima presencia o por su ausencia total, es en la que más confían; casi el 70% de los ciudadanos así lo expresan. Mientras que en las iglesias cristianas evangélicas casi la mitad de la población confía. Pero si se trata de entidades del Estado, la Defensoría del Pueblo es la que mejor se ubica (53%).
En el caso de las Juntas de Acción Comunal en las que solo 4 de cada 10 habitantes confían y que en muchos de estos municipios representan para los habitantes la esperanza de mejorar su acceso a servicios públicos, a empleos, a proyectos productivos, algunos ciudadanos explican esa cifra como consecuencia del desconocimiento. Ángel*, por ejemplo, dice que en su barrio en López de Micay, sus vecinos “conocen poco de estas organizaciones y como no se ven resultados, porque muchos de los proyectos que se pasan a la Alcaldía no son aprobados, pues hay desinterés y desconfianza de participar en estos espacios”.
Yuly*, por su parte, dice que, en Guapi, “hay desconfianza entre los líderes comunitarios, porque muchos actúan como los políticos; solo les importa lo que ellos puedan ganar para sí. Al ver eso, la gran mayoría de mis vecinos y yo nos retiramos”.
Para otros, como Arnaldo*, en Buenaventura a ese escepticismo se suma la desidia; eso es lo que aleja a las personas de este tipo de instituciones. “A los hombres aquí les da pereza participar en las Juntas porque no tienen ninguna motivación de que algo cambie significativamente. Por ejemplo, si usted quiere acceder a programas sociales debe pagar un soborno. A usted lo meten, no sé, a Familias en Acción, y cuando le llega la plata tiene que pagar un porcentaje de eso a quien le ayudó a entrar”.
En el tema de la seguridad, las Fuerzas Armadas tienen un mayor voto de confianza de los ciudadanos en esta macrorregión (43.3%) que la Policía (38.9%). Parte de esos porcentajes se puede explicar por las altas expectativas que en estas instituciones se han puesto con la llegada del posconflicto con las FARC. “La inseguridad y el conflicto han aumentado como preocupación en las áreas urbanas. A nivel nacional no se vive lo que se experimenta aquí en las zonas rurales; aquí se convive con el delincuente; a nivel nacional solo llega el eco de esa experiencia”. Así lo afirma un funcionario de la Unidad de Víctimas en Tumaco.
Para los habitantes esta es una explicación válida, pero también hay otras más. “Cada comuna tiene su cuadrante y en cada una de ellas hay varios grupos delincuenciales o ilegales actuando y muchos de ellos le pagan a la Policía para que los dejen tranquilos. Incluso en muchas de las extorsiones que se cobran los policías son cómplices”, dice Eduardo*, comerciante del sur de Buenaventura, que hasta hoy está obligado a pagarle ‘vacunas’ a un grupo delincuencial.
“Es que aquí hay presencia de diversos grupos armados sin una identidad clara. La falta de oportunidades, de empleo para los jóvenes los conduce a que se involucren en actividades criminales, pues esos que prestaron servicio militar pasan y pasan hojas de vida, pero no les sale nada. Entonces, las bandas y los paramilitares los reclutan porque ellos ya tienen experiencia en armas”, cuenta Magda*, para quien esa situación es más rutina que anomalía en Tumaco.
A ese ambiente de inseguridad se suma la poca eficiencia de la justicia, que en palabras de Élber*, habitante de Buenaventura y funcionario de la Fiscalía, se hace evidente en que “hay menos de diez fiscales investigando los casi 500 casos de desaparición forzada que se han denunciado en la región. Es que las autoridades judiciales aquí también están disminuidas y súmele que muchos de los que llegan aquí de jueces es por castigo”.
Para los habitantes del Andén Pacífico la poca confianza en estas instituciones y el desencanto con la democracia es la respuesta a “que los funcionarios –concluye Eduardo- lleguen comprometidos a los cargos; debiendo favores; a que los policías no den abasto y muchas veces se pongan del lado del delincuente; a que los políticos de Bogotá solo vengan en época de elecciones. Mejor dicho, a ese olvido que nos tiene 50 años más atrasados que el resto del país”.
*Nombres cambiados por seguridad.