Los habitantes de la región del Bajo Cauca, que tradicionalmente ha estado inmersa en las disputas territoriales y de poder de diversos actores armados ilegales, apoyan el Acuerdo de Paz con las FARC, pero reclaman agilidad en la implementación de los puntos pactados.
Pánico y zozobra son las palabras con las que desde 2017 se define la rutina en la que viven los habitantes del Bajo Cauca. No es que antes el miedo no se paseara por las calles de los municipios de esta región. Solo que esta vez, la salida de las FARC de la zona –como consecuencia del proceso de paz firmado en La Habana, el año anterior, con el gobierno de Juan Manuel Santos- fue el pitazo inicial de una disputa territorial y de poder. El Bajo Cauca ha padecido por décadas el conflicto armado y por sus municipios han desfilado toda variedad de grupos armados. Si se pregunta por las guerrillas; han estado las FARC y el ELN. Si se pregunta por los paramilitares; por allí pasaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y algunos de sus herederos, como los hombres al mando de alias ‘Don Mario’ y los de alias ‘Sebastián’. Si se habla de carteles del narcotráfico, han hecho presencia el Clan del Golfo, los Pachelly y los Caparrapos. Y si no fuera suficiente con estas estructuras armadas, allí también han llegado los ‘pos’: los pos-paramilitares, como las Águilas Negras y otras Bandas Criminales. Los pos-FARC, que nunca se desmovilizaron, o lo hicieron, pero al poco tiempo retomaron las armas. Y los pos-narcocarteles que, tras disputas internas o decisiones estratégicas al interior de las grandes estructuras de narcotraficantes, decidieron fragmentarse. Entre ellos se cuentan los Rastrojos y los Paisas, que operan tanto como carteles de droga, como estructuras paramilitares.
La obsesión con el control de ese territorio responde a su ubicación estratégica: cercano al Pacífico y al Atlántico, así como a Centroamérica, facilita el envío de drogas a Norteamérica y Europa. Además, su riqueza mineral, en oro y ferroníquel, principalmente, la hace aún más codiciada. Estos minerales también le han representado a la región conflictos sociales y tensiones entre las empresas que extraen los recursos y las comunidades vecinas, que sienten que no reciben las contraprestaciones justas, ni vía regalías ni vía inversión directa privada, y que, por el contrario, sí les genera problemas de salud, ambientales e, incluso, pobreza. El ejemplo más claro de estos conflictos es lo que ha ocurrido, por lo menos en las últimas dos décadas, con la empresa Cerro Matoso y las comunidades de los municipios de su área de influencia, en los que está incluido Puerto Libertador.
Como si le faltara una problemática más en su colección, el Bajo Cauca también es el escenario de la reciente crisis de la megaobra de Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande del país, que a raíz de los errores que se cometieron en su construcción generó una alerta de emergencia por una posible inundación en los municipios vecinos.
En ese contexto es que la implementación del Acuerdo de Paz y el posconflicto se están dando en la región. Para la mayoría de sus habitantes, de acuerdo con el estudio Colombia Rural Posconflicto 2017, el apoyo a una salida negociada al conflicto con la guerrilla es mayoritario: 83%, mientras que el apoyo al Acuerdo de Paz es de 56.9%.
“Antes del Acuerdo de Paz, Puerto Libertador era un municipio de muchos ‘muñecos’(muertos). Eso ha mermado, pero no tanto, porque ahora, con eso de la erradicación de los cultivos de la hoja de coca, aquí van más de siete líderes muertos. Entonces, para mí, eso del Acuerdo no quedó bien montado y parece más que fue una bronca del gobierno”, dice Oswaldo*, habitante de ese municipio de Córdoba.
Precisamente sobre la confianza con respecto a qué tanto cumplirán las dos partes con los compromisos adquiridos en La Habana también indagó el estudio y encontró que apenas el 42.7% de los habitantes de Bajo Cauca cree que el Gobierno Nacional cumplirá con lo pactado, mientras que en el cumplimiento de las FARC solo cree el 34%.
“A nosotros nos han informado que el posconflicto llegará a cumplirse a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, no sabemos si los proyectos que el alcalde tenga para nuestro corregimiento ahora sean detenidos y solo se efectuarán cuando se cumpla posconflicto. Algo que ha dejado el proceso de paz es que los guerrilleros dejaron las armas, pero en sí, todavía lo que las comunidades esperan no ha llegado. Eso es lo que nos han dicho las personas que han venido desde Bogotá a promover ese posconflicto y a promover la participación de la comunidad. Estamos en espera”, explica Magaly*, una ama de casa del corregimiento de San Juan, que hace parte de Puerto Libertador.
Para los ciudadanos del Bajo Cauca que ese posconflicto se materialice pronto es uno de sus mayores anhelos. Y por eso su alto respaldo a varios componentes del Acuerdo. El 83.8% respalda la reforma agraria; el 81.6%, el desarrollo de programas de sustitución de cultivos ilícitos; el 69.6%, la Circunscripción especial de paz y el 56.2%, las zonas de reserva campesina. En contraposición, ese respaldo cae cuando los componentes tienen que ver más con el beneficio directo de los desmovilizados, que con el desarrollo de la región. Por ejemplo, la Amnistía a miembros rasos de las FARC solo cuenta con el respaldo de 2 de cada 10 habitantes; la privación de la libertad sin cárcel a los desmovilizados, la respaldan 3 de cada 10, y las rebajas de penas para esos mismos desmovilizados, solo las apoya el 34.7% de los habitantes de Bajo Cauca.
“El Gobierno Nacional sí se ha interesado más por la comunidad. Los funcionarios han venido con propuestas, con promesas de proyectos. También han venido los extranjeros que apoyan la paz. Hablan de proyectos sobre cultivar café o palma y uno como comunidad lo ve excelente. ¿Pero qué pasa? Con esa imagen tú vienes únicamente a buscar papelerío, vienes a recoger firmas. ¿Para qué? Para legalizarlas por allá y hacer tus negocios en otro lado y uno que se queda de pie. Vienen a hablar y hasta ahí; no hacen nada. Que hablen sí, pero que también hagan”, exige Mónica, comerciante del municipio de Ituango.
Las expectativas sobre lo que puede generar ese anhelado posconflicto exige que los proyectos se pongan en marcha cuanto antes, porque el 61% de los ciudadanos de estos municipios espera que con el Acuerdo de Paz mejore el acceso a la tierra de los campesinos; mejore el acceso a asesoría técnica de los campesinos de su municipio (59.6%) y que mejore la economía local (51.3%).
Para Sebastián*, transportador del municipio de El Bagre, “el Gobierno también tiene que llegar a una cantidad de exigencias que la guerrilla hace para que se den las cosas. Entre ambos acordaron las vainas más esenciales que se necesitan para la paz. Y uno de los elementos que exige la guerrilla es que, para los campesinos, para las comunidades, haya, por ejemplo, acceso a la tierra, programas de salud, programas de escolarización. Estamos dando pruebas de que el Estado, desde donde estamos nosotros es poco confiable, porque una cosa son los proyectos que son muy bonitos, pero otra es que se cumplan. Una cosa es lo que el gobierno pacta con la guerrilla, y otra, que de pronto ambos comienzan a incumplir; se comienzan a echar la culpa uno al otro. Y, así, ¿Uno cómo confía?”.
*Nombres cambiados por seguridad.