Los campesinos de la región Bajo Cauca cuentan entre sus principales preocupaciones la rápida expansión de la actividad minera en sus municipios, que les está dejando cada día menos hectáreas de tierra para cultivar, incluso el pancoger.
Dos de cada 10 habitantes de la región del Bajo Cauca consideran que el principal problema del país, después del conflicto armado, es la economía, según el estudio Colombia Rural Posconflicto 2017. En la región, la preocupación por el crecimiento económico siempre ha estado directamente relacionada con el tema de la tierra. La tensión entre la expansión de la extracción minera y la reducción de la actividad agrícola define la problemática de gran parte de la región.
Mauricio* es un campesino de Puerto Libertador que ha sido espectador de primera fila, al ver desde la entrada de su casa cómo las tierras vecinas han cambiado de ser el albergue de distintos cultivos a simplemente encerrar pastos entre sus límites. “La minería ha acabado con las actividades agrícolas y esto ha generado migración de los campesinos de la zona. Hay alrededor de 5.000 o 10.000 hectáreas de terreno que esas empresas tienen improductivo. Las compraron y ahí las tienen aseguradas. Allí, antes vivían campesinos y había generación de empleo, por parte de los dueños de esos terrenos. Hoy ya son de la minera y están inertes. Ahí, no producen nada. Mientras tanto, el pobre que era el que se beneficiaba por hacer el arreglo de las cercas, el cuido y el ganado, desapareció”.
Mauricio habla de cómo el ferroníquel y otros minerales han llevado a varias empresas extranjeras a la región desde hace décadas, y cómo ese paso de los años ha registrado la ampliación de sus operaciones, que incluso amenazan las actividades agropecuarias básicas de subsistencia. “La mayor necesidad –agrega- es la tierra, para poder tener animales y agricultura de subsistencia. La mayoría de las tierras de la zona está en manos de empresas y los precios a los que ellos nos han comprado las tierras han sido injustos. Nosotros también le reclamamos a esas empresas el hecho de que no hayan generado empleo para la población local”.
Como Mauricio, otros habitantes de los municipios del Bajo Cauca están preocupados por esa rápida adquisición de grandes extensiones de tierra de las empresas que operan en la zona. Johana*, hasta hace poco agricultora y quien hoy se desempeña en oficios varios, tras quedarse sin una tierra donde cultivar, asegura que “los terratenientes son los menos perjudicados, porque ellos tienen con qué comprar el terreno. Dejan que los pequeños campesinos vivan y trabajen en sus fincas. Pero cuando se las compran las empresas mineras u otras empresas, ellos quedan satisfechos con su negocio, pero los campesinos nos quedamos sin donde cultivar. Ya estamos como el cigarrillo: apretaditos; no sabemos ni dónde meter las manos”.
Ese cambio tan drástico en la vocación de la tierra de estos municipios ha dejado a decenas de campesinos sin empleo, sin recursos para vender lo poco que se produce y, sobre todo, con las manos cruzadas. Así por lo menos lo cree José Manuel*, otro poblador de Puerto Libertador. “Aquí faltan terrenos para actividades agrícolas. Además, no hay recursos para transportar los productos y comercializarlos. No tenemos donde producir. La mayor parte de los que conformamos el municipio de Puerto Libertador somos campesinos y labradores de la tierra y no la tenemos; nos sostenemos del pancoger. No tenemos tierras, ya estamos completamente rodeados de las empresas y tampoco contamos con recursos para montar otros negocios”.
Los habitantes de esta zona aclaran que no se oponen a la llegada de la inversión nacional o extranjera. “Una empresa que tiene el área de operación está en un polo y tiene terrenos hasta el otro polo. Es una cantidad de tierra exagerada. Y no es que estemos en contra de las empresas; las empresas que vengan a Colombia deben ser bienvenidas, pero en lo que no estoy de acuerdo es que se expandan en una inmensidad de terreno que no van a ocupar”, afirma Silvino*, vecino de Mauricio.
Incluso les han planteado algunas iniciativas a las compañías dueñas de los terrenos para que los dejen cultivar. Pero las respuestas hasta hoy son negativas. “Al lado de mi casa tenemos tierras buenas, buenísimas, pero son de las empresas, entonces no se atreve uno a entrar allí. Una vez les solicitamos permiso para sembrar el pancoger, no más; no para negocio sino para el pancoger, y la respuesta fue que no daban ni un metro de tierra porque entonces si les daban a unos, les tenían que dar a todos los que pidieran en las zonas de influencia”, cuenta Luz Dary*, quien aún disfruta de la propiedad de su terreno, lejos de presiones para que la venda.
Y la incertidumbre sigue en aumento. Según Daniela*, otra campesina que se quedó sin donde cultivar alimentos para su propio consumo y el de su familia, “ahora, el temor de nosotros es que se siguen dando títulos mineros y se siguen comprando sin tener reglamentación. El Estado los ampara y comienzan a sacar a la gente o a tomar las tierras, y la gente queda en los pequeños poblados. Nuestra actividad es el agro. ¿Dónde va a quedar el agro para nuestro sustento?”.
Los habitantes del Bajo Cauca además de inquietarse por la escasez de tierra también llaman la atención sobre otros de los problemas que consideran de primera línea en su región, según el estudio Colombia Rural Posconflicto.
*Nombres cambiados por seguridad.