La llegada del Estado y su institucionalidad a la región Macarena-Caguán no da más espera. Fortalecer el sistema democrático y la presencia de la Fuerza Pública, así como recuperar la confianza en las instituciones y en las organizaciones civiles son una urgencia.
Hablar de la región Macarena-Caguán como un todo es imposible. Los municipios que hacen parte de ella han vivido dinámicas sociales, políticas y económicas diferentes. Ni siquiera se puede hablar de los mismos contextos entre veredas y cascos urbanos al interior de cada una de estas poblaciones. Después de la zona de distensión que funcionó en 42.000 kilómetros cuadrados de esta región, durante el gobierno de Andrés Pastrana y su intento fallido de firmar la paz con las FARC, esas diferencias se hicieron más evidentes. Aunque la presencia de las Fuerzas Armadas desde entonces ha sido significativa, hasta el Acuerdo de Paz de 2016 con la guerrilla, su control se daba mayoritariamente en los cascos urbanos y en las principales vías de comunicación de los departamentos. Muchas de las veredas y de los corregimientos vivían bajo el control y el orden impuestos por las FARC.
“Se fue esa gente y todo el mundo hace lo que quiere”, sentencia María*, funcionaria de la Alcaldía de San Vicente del Caguán. Ese precisamente es uno de los desafíos que el posconflicto le está planteando al Estado colombiano: llegar hasta el rincón más apartado de Macarena-Caguán a imponer orden, garantizar la seguridad, tener el control del territorio, garantizar los derechos de estas poblaciones; en definitiva, hacer presencia con su institucionalidad.
La urgencia es aún mayor si se tiene en cuenta que la salida de las FARC no implica automáticamente que el Estado es el único que va a llegar a ocupar esos espacios dejados por la guerrilla, sino que hay otros grupos armados ilegales que están en constante disputa por el control de esta zona del país. Una zona estratégica para el negocio del narcotráfico y para la actividad de la industria extractiva –que no solo representa un ingreso para los actores armados vía extorsión a las empresas del sector que allí operan, sino también mediante la apropiación de las regalías-. De la misma manera, estratégica para el resguardo de sus estructuras armadas en zonas de difícil acceso para la Fuerza Pública -por las condiciones geográficas- y para el control de otras actividades económicas como la ganadería y los cultivos de palma, también a través del cobro de extorsiones.
De acuerdo con el estudio Colombia Rural Posconflicto 2017, los habitantes de los municipios de Macarena-Caguán creen que la mayor amenaza para su seguridad es la delincuencia común (42.4%), seguido de las bandas criminales –BACRIM- (16%). La percepción sobre esta última cifra ha aumentado frente a 2015, cuando solo el 6.9% las consideraba un riesgo importante para su seguridad. La guerrilla, por su parte, se ubicó en el tercer lugar (14.8%), después de que, dos años atrás, el 22.7% de los habitantes de la región la vieran como una de las principales amenazas.
Ahora bien, los contrastes de la región también evidencian, en el mismo estudio, que para el 23% de estos ciudadanos la guerrilla, doce meses atrás, era el grupo que garantizaba la seguridad en la región, mientras que hoy solo cree que es así un 5% de los habitantes.
“Las FARC eran más eficientes que la Policía controlando el crimen. Cuando estaba la guerrilla estaban más controlados los robos en las fincas. Pero ahora, si usted denuncia un ladrón, la Policía se lo lleva y a los dos o tres días lo suelta. Entonces lo vuelve a hacer. La otra opción es que la Policía no haga nada; antes saludan a los delincuentes y no les dicen nada si los ven atracando o vendiendo droga”. Las palabras de Ilse*, habitante de una de las veredas de San Vicente del Caguán les planta otro reto a las autoridades: ganar la confianza de la comunidad, mucho más si, como lo muestra el mismo estudio, los pobladores de esta zona del país creen que si la Policía hace presencia permanente en el lugar donde viven la seguridad disminuiría (42.5%) o permanecería igual (30%), mientras que solo 27% cree que aumentaría.
“Denunciar es tiempo perdido. Por la ineficacia de la Policía, se ejerce justicia por mano propia. Además, si uno denuncia, la Policía lo delata con los delincuentes y uno termina o huyendo o muerto”, cuenta Miryam* habitante de La Uribe. Esta ama de casa expresa el sentir del 56.4% de los ciudadanos de esta región: inseguros.
“Para nosotros es una prioridad que la Policía y, en general, la Fuerza Pública, cumpla con su tarea, apegada al respeto de los derechos de la comunidad, y que poco a poco gane su confianza. Hoy sabemos que hay menos pie de fuerza del que quisiéramos y que muchos uniformados se exceden en sus procedimientos y agreden a la comunidad. Pero estamos trabajando para cambiar esa realidad”, asegura uno de los funcionarios encargados de la estrategia de seguridad en Cartagena del Chairá.
Consolidar la institucionalidad y ganar la confianza de la población no es solo una tarea de la Fuerza Pública. Los partidos políticos, el Gobierno Nacional, el Congreso, el sistema de justicia y otras entidades estatales también deben hacerlo, pues en ninguna de ellas la confianza de los ciudadanos supera el 30%.
“Todo funcionario llega con la idea de que debe sacar su propio beneficio. La corrupción era solo antes en Bogotá; allá cada uno sacaba su tajada, pero ahora los de aquí también lo hacen. Aprendieron a cobrar ilegalmente por trámites locales y documentos que necesitamos. Otros, solo les dan puestos y beneficios a sus amigos. Aquí ya funcionamos con la ley de la rosca; los que están en ella son los que ganan”, cuenta Gabriel*, exempleado de la Alcaldía de La Macarena.
Rosalía*, quien vive en El Paujil no tiene un análisis diferente del de Gabriel sobre su municipio. “Los gobernantes son unos de candidatos y otros de mandatarios. Aquí se olvidan de las promesas. Se roban la plata. Y nosotros tampoco ayudamos a que eso cambie. Vendemos el voto al mejor postor; por 50.000 pesos o por unos bultos de cemento. Aquí la democracia es sinónimo de plata. Uno sabe que llegan las elecciones y llega la feria del voto. Así ocurrió en las últimas elecciones”.
El fortalecimiento de la democracia no da espera, mucho menos cuando en Macarena-Caguán el porcentaje de habitantes que cree que esta es la mejor forma de gobierno pasó de 54.5% en 2015 a 35.9%, en 2017, según el estudio Colombia Rural Posconflicto. Y el apoyo al sistema político cayó de 58.6% a 37.7%, en esos mismos años.
Además, es urgente fortalecer y aprovechar esa alta participación ciudadana en instituciones como las Juntas de Acción Comunal –JAC- (78.5%), que hoy está en riesgo por las constantes denuncias sobre prácticas de corrupción. “Las JAC son lo más cercano que tenemos nosotros al gobierno. Pero, por eso mismo, sirven para la compra de votos y para la corrupción. Como son el enlace con las alcaldías y los políticos, los presidentes de las JAC organizan la compra de votos, prometen puestos en el gobierno local y solo gestionan intereses propios”, cuenta Miguel*, habitante de La Uribe, quien en varios momentos ha hecho parte de la JAC de su vereda.
“La tarea no es fácil, pero hay que hacerla”, sentencia la funcionaria de la Alcaldía de San Vicente del Caguán. “Nosotros estábamos acostumbrados a otro tipo de control; a ese que venía acompañado de un arma. Hoy tenemos la oportunidad de decidir cómo queremos desarrollar nuestra región y vivir sin la amenaza de la guerra a cada momento. Pero nos toca cambiar esos principios de miedo, corrupción y trampa, y comenzar a ejercer nuestra ciudadanía”. Todo un desafío que no da espera.
*Nombres cambiados por seguridad.