Para los habitantes de la región Macarena-Caguán el Acuerdo de Paz con las FARC debe comenzar por el arrepentimiento de los desmovilizados; exigen que pidan perdón y reparen a las víctimas y que ambas partes cumplan con los puntos pactados.
Si hay alguien que sabe qué es eso de vivir en medio del tire y afloje de la guerra y la paz son los habitantes de la región Macarena-Caguán. Cómo no saberlo de memoria si en su territorio han presenciado el nacimiento de grupos guerrilleros, como las FARC; han sido testigos de primera mano de procesos de paz exitosos y fracasados; de 42.000 kilómetros libres de Fuerza Pública durante dos años, que al final no pudieron facilitar un acuerdo de paz; de liberaciones humanitarias de civiles, de policías y de militares secuestrados; de tomas guerrilleras; de bombardeos militares y de promesas de seguridad de un lado y otro. Nada de esto se olvida tan fácil. Por eso la apuesta por un nuevo proceso de paz y la promesa de un posconflicto siempre la han recibido con reservas y con escepticismo de lo que realmente quiere decir ese juego de palabras: paz-posconflicto.
Y no es que no quieran la paz; lo que no quieren son promesas rotas; quieren justicia, equidad, tranquilidad, oportunidades, quieren lo que la guerra nunca les ha dado: certezas. Certeza de que la guerrilla se va a desmovilizar. Certeza de que los victimarios están arrepentidos, pedirán perdón y garantizarán la no repetición. Certeza de que las dos partes van a cumplir los Acuerdos firmados en La Habana, sin importar quien esté en la Casa de Nariño. Certeza de que se acabará la estigmatización de que todos son guerrilleros. Certeza de que los desmovilizados van a decir la verdad. Certeza de que las disidencias serán desarticuladas. Certeza de que los victimarios pagarán las penas que se les impongan. Certeza de que la guerra con las FARC se acabó.
“Esta gente ha hecho demasiado daño y verlos tan tranquilos, con todas las muertes, la pobreza y el miedo que han causado, a muchos, acá, nos da rabia”, dice Teresa*, quien vio por última vez a su papá cuando las FARC llegaron un día de 1997 a su finca, en Vistahermosa, preguntando por él.
Pese a las frustraciones que les ha generado la negociación y el Acuerdo de Paz, Macarena-Caguán es una de las regiones que más apuesta por el perdón. De acuerdo con el estudio Colombia Rural Posconflicto, 66.5% de sus habitantes ve posible el perdón y la reconciliación con las FARC. Un porcentaje mucho más alto que el registrado en 2015 en esta misma región (42.6%) y en el promedio del país de 2016 (51.7%).
Parte de esa disposición a perdonar, a pesar del daño causado, se explica porque muchos de sus habitantes tienen un familiar o un amigo que, por no tener más oportunidades, o por ser reclutado a la fuerza, o por creer en el proyecto de la guerrilla, terminó en las filas de las FARC. “Mi primo salió de allá y su proceso de reintegración ha sido muy difícil a pesar de que él no quiere más esa vida. Pero está tan acostumbrado al monte que la vida civil le está creando un vacío emocional, porque todo es diferente y porque la gente lo señala de asesino, de secuestrador, de ladrón y ni siquiera saben lo que él hizo y lo que tuvo que pasar”. Diego* sabe que a su primo las acusaciones le van a seguir cayendo encima, por años, en un pueblo pequeño, como Puerto Rico, Caquetá, y donde muchos de sus vecinos, como Íngrid*, no encuentran justificación al daño que causaron los miembros de las FARC. “Los guerrilleros no se han arrepentido. A mí me mataron a toda mi familia y que venga el asesino y me pida perdón solo para obtener unos beneficios, hace que mi dolor y mi rabia sea mayor. Que vayan a la cárcel, que paguen por lo que hicieron, que pidan perdón y que nos reparen a las víctimas; ese sería el comienzo de la reconciliación”.
“Las FARC ya salieron de aquí, las instituciones del Estado no han llegado a cumplir con lo que se comprometieron, pero las disidencias sí se han ido fortaleciendo”. El resumen que hace un funcionario de uno de los municipios de esta región es hoy una de las principales preocupaciones de sus habitantes. “Para nosotros, si las promesas que vinieron con los Acuerdos solo se hacen efectivas para los desmovilizados y no para las comunidades es muy difícil respaldar esa paz”.
Es que las expectativas son altas. Más de la mitad de los habitantes de Macarena-Caguán (55.4%) le dijeron al estudio Colombia Rural Posconflicto que creen que el Acuerdo de Paz mejorará el acceso de los campesinos a la tierra; el 48.5% que mejorará el acceso a la asistencia técnica para los campesinos y el 44.3% que mejorará la calidad de las carreteras. Pero, “aquí no hay vías de acceso, no las ha habido y parece que no las habrá”, dice el funcionario local.
Esa incertidumbre explicaría el escepticismo cuando se les pregunta si las parten honrarán su palabra. Solo el 32.2% de los habitantes cree que las FARC cumplirá con lo pactado en La Habana; el 37.4% cree lo mismo sobre el Gobierno Nacional.
“Las oleadas terroristas terminaron, pero las prácticas más comunes, como el cobro de vacunas y las extorsiones por parte de la guerrilla continúan. Las FARC están en un periodo de vacaciones. Así me lo hizo saber uno de los comandantes, supuestamente desmovilizado, que pasó por mi casa a cobrar la vacuna. Me dijo que ellos se están fortaleciendo para llegar más fuertes y verracos”, dice Julia*, desde su pequeña finca, ubicada a las afueras de El Paujil.
A otros más les preocupan las disidencias que se han formado como consecuencia de la lentitud en la implementación del Acuerdo. Según Rodrigo*, quien hasta hace poco vivía en El Doncello, “a esa gente el Gobierno les prometió un montón de cosas y cuando se dio cuenta de que no podía darles todo, comenzó a incumplirles y mire esto, ellos se devolvieron al monte, siguen cobrando vacunas y nos tienen viviendo en la zozobra; en cualquier momento nos ponen un bombazo”.
La desconfianza y la incertidumbre también hacen que la reintegración y convivencia con los desmovilizados sea aún más difícil de lo que implica el simple hecho de aceptar a un excombatiente en la sociedad, y más si ha sido el victimario de muchos de sus nuevos vecinos. De acuerdo con el estudio Colombia Rural Posconflicto, el 88.9% de los habitantes de la región no tiene problema con tener un vecino como desmovilizado, pero solo el 53.1% aceptaría trabajar con desmovilizadas; el 49.8%, con desmovilizados, y solo 4 de cada 10 aceptarían que sus hijos fueran amigos de ellos.
Alberto*, que ha sido espectador de primera fila de todo este proceso desde las calles de San Vicente del Caguán, que recorre a diario con su taxi, sabe que la convivencia con los desmovilizados los enfrenta a miedos reales y a prejuicios, y que lograrla implica solucionarlos. “Yo prefiero que esa gente llegue a la vida civil y no que siga haciendo daño, volando oleoductos, matando y extorsionando. Pero no es fácil tenerlos así de cerca; como sociedad no estamos preparados para convivir con ellos. Habrá que ponerse en sus zapatos y que ellos se pongan en los nuestros para ver si así nos entendemos”.
*Nombres cambiados por seguridad.